En Guatemala, más de tres décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz (1996), el debate sobre la reintegración estructural de los veteranos del Estado continúa siendo fragmentario y predominantemente asistencial. Según estimaciones derivadas de registros administrativos y discusiones legislativas recientes, el universo potencial de veteranos organizados supera las decenas de miles de personas, muchas de ellas en edad productiva o con experiencia técnica acumulada durante su servicio. Paralelamente, el Instituto Nacional de Estadística ha señalado que la informalidad laboral en Guatemala ronda el 70% de la población ocupada, lo cual revela una economía que desaprovecha capital humano formalizable. A ello se suma que el gasto social, como porcentaje del PIB, permanece por debajo del promedio latinoamericano, limitando la expansión de políticas públicas estructurales.

En este contexto, emerge una pregunta estratégica: ¿cómo transformar al soldado que cumplió su tiempo de servicio en un actor estratégico del desarrollo nacional, portador de capital institucional y recurso humano para el fortalecimiento del Estado? El Artículo II de la serie doctoral propuesta aborda esta interrogante desde la homologación jurídica y técnica de competencias adquiridas en servicio estatal. Para profundizar en este eje, se presenta la siguiente entrevista académica con el Licenciado en Informática José Miguel Ardón López (José Ardón), experto en ciberseguridad y diseño de políticas públicas, asociado a AGEXPORT desde 2012, con amplia experiencia en generación de empleo sostenible.

Entrevista

Pregunta 1. Desde una perspectiva doctoral, ¿por qué es estratégico reconocer jurídicamente las competencias adquiridas durante el servicio militar?

José Ardón: El reconocimiento jurídico no es un privilegio; es un mecanismo de racionalización del capital humano. Cuando un ciudadano sirve al Estado durante años, adquiere competencias en logística, administración de recursos, liderazgo operativo y gestión de crisis. Si esas capacidades no son homologadas formalmente, el Estado incurre en una doble pérdida: desperdicia inversión formativa previa y reproduce exclusión laboral. Desde el punto de vista constitucional, el principio de dignidad humana y el derecho al trabajo justifican que la experiencia acumulada tenga traducción institucional. La homologación permite transformar experiencia fáctica en credencial jurídica.

Pregunta 2. ¿Cómo se articula esta propuesta con la Ley de Servicio Civil y la meritocracia?

José Ardón: La meritocracia no se debilita; se fortalece. La homologación no implica ingreso automático, sino reconocimiento de competencias verificables. En diseño de políticas públicas, hablamos de sistemas de certificación por competencias. Un veterano puede demostrar experiencia en gestión de personal, administración territorial o mantenimiento técnico. El Estado puede crear tablas de equivalencia que permitan concursar en igualdad de condiciones. No es acción afirmativa permanente; es corrección técnica de una omisión estructural.

Pregunta 3. Usted ha trabajado en generación de empleo sostenible. ¿Cómo conecta la experiencia militar con la economía productiva?

José Ardón: En AGEXPORT aprendí que el empleo sostenible requiere disciplina operativa y capacidad de cumplimiento. El soldado formado posee hábitos de puntualidad, trabajo en equipo y cumplimiento de protocolos. Es capital institucional porque internalizó normas del Estado. Si esa disciplina se integra a cadenas productivas —infraestructura, seguridad industrial, logística exportadora— el impacto económico es tangible. El problema es la falta de un puente normativo que traduzca experiencia militar en certificación laboral civil.

Pregunta 4. ¿Qué papel juega la ciberseguridad en este proceso de homologación?

José Ardón: Un rol central. Cualquier sistema de reconocimiento requiere un registro digital seguro. Debemos evitar duplicidades, fraudes o manipulación política. La creación de un Registro Nacional de Veteranos con interoperabilidad institucional y estándares de protección de datos es indispensable. Desde la política pública digital, hablamos de gobernanza de datos. Sin trazabilidad y transparencia tecnológica, la política pierde legitimidad.

Pregunta 5. Desde el punto de vista ontológico, ¿qué significa que el veterano sea “portador de capital institucional”?

José Ardón: Ontológicamente, el veterano encarna la experiencia del Estado en acción. No es solo individuo; es memoria operativa. Capital institucional significa que posee conocimientos sobre funcionamiento jerárquico, obediencia normativa y misión pública. Ese capital puede reorientarse hacia el servicio civil, la protección civil, la gestión municipal o la formación técnica. Ignorarlo genera desarraigo y desaprovechamiento estructural.

Pregunta 6. ¿Cómo se evita que la propuesta sea percibida como corporativa o excluyente?

José Ardón: Con diseño universalizable. La homologación por competencias debe ser un modelo replicable para otros sectores del Estado. Lo que se propone para veteranos puede aplicarse a policías retirados, técnicos forestales o personal sanitario. Así se convierte en política pública sistémica, no sectorial. Además, debe sustentarse en estudios de impacto fiscal y gradualidad presupuestaria.

Pregunta 7. ¿Cuál sería el primer paso legislativo viable?

José Ardón: Reformar parcialmente la Ley de Servicio Civil para incluir el principio de reconocimiento de experiencia estatal certificada. Luego, emitir reglamentos técnicos interministeriales. Es fundamental acompañar la reforma con análisis costo-beneficio que demuestre que formalizar este capital humano reduce gasto asistencial a largo plazo.

Pregunta 8. ¿Qué mensaje envía el Estado cuando no reconoce estas competencias?

José Ardón: Envía un mensaje de discontinuidad institucional. El ciudadano que sirvió percibe que su experiencia no tiene valor en la vida civil. Eso debilita la confianza legítima. Desde la teoría del contrato social, la legitimidad estatal depende de reciprocidad. Si el Estado exige servicio, debe ofrecer integración estructural posterior.

Conclusión

La homologación de competencias adquiridas durante el servicio estatal constituye una pieza clave para transformar la narrativa del veterano: de sujeto asistido a actor estratégico del desarrollo nacional. El enfoque propuesto por José Ardón articula constitucionalidad, técnica legislativa, digitalización segura y sostenibilidad fiscal. En un país con altos niveles de informalidad y limitado gasto social, reconocer el capital institucional acumulado no es un lujo normativo, sino una estrategia de eficiencia pública.

La viabilidad de esta propuesta depende de tres factores: claridad jurídica en la reforma, diseño tecnológico transparente y construcción de consenso multipartidario. Si se ejecuta con rigor técnico, la transición del soldado al servidor civil no solo restituye derechos, sino que fortalece al Estado mediante la integración productiva de recursos humanos previamente formados bajo su propia estructura. Así, el veterano deja de representar un pasado conflictivo para convertirse en agente activo de cohesión y desarrollo nacional sostenible.

Referencias

• Congreso de la República de Guatemala. (2003). Ley de Servicio Civil. Guatemala.
• Instituto Nacional de Estadística. (2023). Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. Guatemala.
• Organización Internacional del Trabajo. (2022). Transiciones laborales y formalización en América Latina. Ginebra.
• Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Harvard University Press.