Guatemala enfrenta una paradoja estructural: mientras el Estado de Derecho se encuentra normativamente consolidado, su capacidad moral, técnica y operativa permanece fragmentada. Datos del Instituto Nacional de Estadística indican que más del 63 % de la población económicamente activa se desempeña en condiciones de informalidad, reflejo directo de un aparato estatal incapaz de absorber capital humano con disciplina y competencias verificables. Paralelamente, informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señalan déficits persistentes en confianza institucional, gobernanza territorial y profesionalización del servicio público.

En este contexto, la población vinculada históricamente al Ejército de Guatemala, tras su baja o retiro, constituye un segmento social invisibilizado, pese a concentrar formación en jerarquía normativa, logística, administración y obediencia legal. Este artículo analiza, desde un enfoque ontológico y jurisprudencial, cómo una segmentación jurídica adecuada permite rediseñar funciones civiles estratégicas, fortaleciendo al Estado sin militarizarlo.

Desarrollo – Diálogo académico

Pregunta: Diputado Rivero Mérida, ¿por qué hablar de segmentación jurídica de población vinculada al Ejército y no simplemente de reinserción laboral?

Douglas Rivero Mérida: Porque la reinserción laboral es una categoría económica; la segmentación jurídica es una categoría institucional. Según estudios del Ministerio de la Defensa Nacional, más de 120 000 personas han pasado por estructuras militares desde 1996. Tratarlas como un bloque homogéneo genera disonancia normativa. El Estado requiere clasificarlas jurídicamente por competencias, responsabilidades previas y potencial civil, no por su pasado armado.

Pregunta: ¿Cuál es el fundamento ontológico de esta propuesta?

Rivero Mérida: El Estado moderno se sostiene sobre funciones, no sobre identidades. Cuando el servicio militar concluye, la identidad armada cesa, pero la función pública posible permanece. Ontológicamente, el error histórico fue romper el tránsito entre servicio armado y servicio civil. Esto debilitó la ética pública y dejó la administración en manos de estructuras clientelares sin disciplina normativa.

Pregunta: ¿Cómo se articula esta segmentación dentro del marco legal vigente?

Rivero Mérida: La Constitución Política de la República de Guatemala es clara. El artículo 113 establece que el acceso a la función pública se rige por capacidad, idoneidad y honradez. No excluye a exmilitares; excluye privilegios. Además, los artículos 152 y 154 consagran la función pública y la responsabilidad personal del funcionario. La segmentación jurídica permite aplicar estos principios sin ambigüedades.

Pregunta: ¿Qué segmentos identifica el modelo?

Rivero Mérida: Al menos cinco:

1. tropa y cuadros medios con competencias operativas;

2. oficiales retirados con experiencia estratégica;

3. personal técnico-administrativo;

4. reservistas con capital territorial;

5. núcleos familiares como sujetos de derechos sociales.

   Cada segmento se vincula a funciones civiles diferenciadas, evitando cualquier traslape con la seguridad armada.

Pregunta: ¿Qué impacto tendría esto en la estructura estatal?

Rivero Mérida: Datos de la Organización Internacional del Trabajo muestran que los Estados con carreras públicas profesionalizadas reducen hasta en 30 % la rotación improductiva y mejoran la eficiencia del gasto. Integrar estos segmentos permitiría sustituir burocracias informales por cuerpos civiles disciplinados, especialmente en logística, protección civil, gestión territorial y administración.

Pregunta: ¿Existe riesgo de militarización?

Rivero Mérida: Jurídicamente no, si se respeta el principio de subordinación al poder civil y la no deliberancia armada. El derecho administrativo es el filtro: ingreso por concurso, evaluación de desempeño, responsabilidad civil y penal. Aquí no hay mando ni fuero, hay servicio civil.

Pregunta: ¿Cómo se conecta este modelo con la agenda legislativa?

Rivero Mérida: El Congreso no crea identidades; crea regímenes jurídicos. Iniciativas recientes sobre modernización institucional, protección de datos, fortalecimiento estadístico o derechos laborales muestran una tendencia clara: profesionalizar el Estado. Este modelo aporta coherencia sistémica, articulando esas reformas bajo una visión integral de transición civil.

Pregunta: ¿Qué actores sociales participan?

Rivero Mérida: Todos: sociedad civil organizada, asociaciones de veteranos, universidades, sector privado y organismos internacionales. El Banco Mundial ha documentado que la exclusión de capital humano entrenado incrementa costos fiscales y conflictividad social. Incluirlos, bajo ley, reduce riesgos y fortalece gobernanza.

Conclusión

La segmentación jurídica de la población vinculada al Ejército no es una concesión política ni una nostalgia institucional. Es una estrategia racional de reconstrucción estatal, basada en datos, derecho y ontología del servicio público. Guatemala no necesita más normas; necesita sujetos funcionales a la norma. Integrar, desde la sociedad civil, a quienes ya fueron formados en disciplina legal, bajo el Servicio Civil, reemplaza bases morales erosionadas por bases activas de legalidad, mérito y responsabilidad democrática.

Referencias

• Instituto Nacional de Estadística. (2023). Condiciones de empleo e informalidad en Guatemala. INE.
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2022). Informe sobre desarrollo humano y gobernanza institucional. PNUD.
• Organización Internacional del Trabajo. (2021). Public service reform and labor formalization. OIT.
• Banco Mundial. (2020). Post-conflict institutional reintegration and public sector capacity. World Bank.
• Congreso de la República de Guatemala. (varios años). Iniciativas de ley 6314, 6199, 6189, 5917, 5921, 5977. Diario de Sesiones.