En Guatemala, más de 120,000 personas han pasado por estructuras militares o auxiliares del Estado desde el conflicto armado interno hasta la actualidad (MINDEF, 2022). Sin embargo, menos del 8% ha logrado una reinserción institucional civil estable y regulada (PNUD, 2021). Esta brecha no es solo social o económica: es ontológica e institucional. Mientras el sector público concentra apenas el 6.2% del empleo nacional, frente a un promedio latinoamericano del 12% (CEPAL, 2023), el Estado guatemalteco enfrenta déficits crónicos de capacidad técnica, ética pública y gobernanza territorial.

En este contexto, la ausencia de un marco jurídico específico para la reinstitucionalización civil de veteranos en funciones no armadas ha contribuido a una paradoja estructural: el Estado prescinde del capital humano formado para la obediencia normativa y la responsabilidad jerárquica, mientras tolera esquemas administrativos sin mérito ni disciplina institucional. Para analizar esta tensión y sus posibles soluciones legislativas, se desarrolla la siguiente conversación académica con Douglas Rivero Mérida, Diputado de la IX Legislatura y experto en Diseño de Políticas Institucionales y Transición Civil.

Desarrollo: conversación académica

Pregunta. Desde una perspectiva institucional, ¿cuál es el problema central que enfrenta el Estado respecto a los veteranos del servicio armado?

Douglas Rivero Mérida. El problema no es la desmilitarización en sí, sino su carácter incompleto. El Estado desmontó funciones armadas sin construir rutas civiles de continuidad institucional. Esto generó una exclusión estructural de sujetos formados en disciplina normativa, lo cual debilitó la ética pública. Los datos son claros: Guatemala ocupa posiciones rezagadas en indicadores de confianza institucional y efectividad gubernamental (Banco Mundial, 2023).

Pregunta. ¿Por qué insistir en funciones estratégicas no armadas dentro del Estado?

Douglas Rivero Mérida. Porque el Estado de Derecho exige una separación absoluta entre armas y administración. La reinstitucionalización que proponemos es civil, regulada por el Servicio Civil, sujeta a responsabilidad administrativa, civil y penal. Hablamos de planificación, logística pública, gestión territorial, análisis de políticas, protección civil y dirección administrativa. Países como Colombia y Sudáfrica desarrollaron modelos similares con impactos positivos en gobernanza y reducción de conflictividad social (OCDE, 2020).

Pregunta. ¿Cómo se articula jurídicamente este tránsito del ámbito militar al civil?

Douglas Rivero Mérida. La Constitución guatemalteca ya lo permite. El artículo 113 establece el acceso a cargos públicos por capacidad, idoneidad y honradez; el 152 define la función pública al servicio del Estado; y el 154 consagra la responsabilidad personal del funcionario. El vacío está en la ley secundaria: falta un régimen de transición civil postservicio que reconozca competencias sin crear privilegios.

Pregunta. ¿Qué actores sociales y políticos deben involucrarse para que este modelo sea viable?

Douglas Rivero Mérida. Todos, sin excepción. Veteranos, familias, organizaciones de sociedad civil, academia, sector privado, municipalidades y el Congreso de la República de Guatemala. La evidencia comparada muestra que las políticas de reintegración exitosas son intersectoriales y transparentes. En Guatemala, más del 65% de los municipios presenta debilidades en gestión administrativa (INE, 2022); allí, la gobernanza territorial civil es clave.

Pregunta. Desde el diseño de políticas públicas, ¿cómo se operacionaliza este marco?

Douglas Rivero Mérida. Mediante un andamiaje técnico claro:

1. Segmentación poblacional postservicio (tropa, oficiales, técnicos, reservistas, familias).

2. Evaluación de competencias transferibles al ámbito civil.

3. Ingreso al Servicio Civil bajo concursos públicos y formación de transición.

4. Carrera administrativa con evaluación de desempeño.

5. Control y rendición de cuentas.

Esto no militariza el Estado; lo profesionaliza. La OCDE estima que los sistemas de mérito reducen hasta en 30% la corrupción administrativa en países en desarrollo (OCDE, 2019).

Pregunta. ¿Cómo se responde a la percepción social negativa sobre este tema?

Douglas Rivero Mérida. Con datos y pedagogía institucional. El 72% de la población guatemalteca demanda un Estado más eficiente y menos clientelar (Latinobarómetro, 2022). Integrar veteranos como servidores civiles no es nostalgia autoritaria; es una estrategia racional para cerrar brechas de capacidad estatal. La clave es la no deliberancia armada, la subordinación civil y los derechos humanos como límite.

Conclusión

La reinstitucionalización civil de veteranos en funciones estratégicas no armadas constituye una reforma estructural pendiente en Guatemala. Ontológicamente, permite reconciliar norma, sujeto y función pública. Jurídicamente, es compatible con la Constitución y el Estado de Derecho. Políticamente, fortalece la democracia al sustituir clientelismo por mérito y responsabilidad. Lejos de ser una concesión sectorial, este modelo ofrece una solución integral a déficits históricos de capacidad estatal, gobernanza territorial y ética pública, articulando a todos los actores sociales en un nuevo pacto institucional civil.

Referencias

• Banco Mundial. (2023). Worldwide Governance Indicators.
• CEPAL. (2023). Panorama de la Gestión Pública en América Latina.
• INE. (2022). Indicadores Municipales de Gestión Pública. Guatemala.
• OCDE. (2019). Public Integrity Handbook.
• OCDE. (2020). Reintegration Policies in Post-Conflict States.
• PNUD. (2021). Informe Nacional de Desarrollo Humano: Guatemala..