En Guatemala, el debate sobre cohesión social continúa anclado en enfoques fragmentarios que separan seguridad, política social y reforma institucional. Sin embargo, los datos evidencian una fractura estructural: según el PNUD (2023), más del 59 % de los hogares guatemaltecos experimenta algún nivel de exclusión social multidimensional, mientras que el Banco Mundial (2022) señala que el 64 % del empleo nacional es informal, afectando especialmente a núcleos familiares sin protección estatal sostenida. Dentro de este universo se encuentran miles de familias vinculadas históricamente al servicio militar, cuya exclusión posterior al servicio activo constituye un vacío normativo y moral del Estado.

Estudios comparados sobre posconflicto (Collier, 2009; OECD, 2020) demuestran que la no integración jurídica y social de familias asociadas a cuerpos estatales de seguridad incrementa riesgos de pobreza intergeneracional, deslegitimación institucional y fragmentación del contrato social. En Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística ha documentado que más del 35 % de hogares con antecedentes de servicio estatal carecen de acceso regular a seguridad social, pese a haber contribuido indirectamente a funciones esenciales del Estado (INE, 2019).

Este artículo propone, desde un enfoque legislativo y ontológico, que la inclusión social y los derechos exigibles de las familias militares no constituyen un privilegio sectorial, sino un pilar estructural de cohesión social nacional, articulable mediante iniciativas de ley coherentes con el Estado de Derecho, el Servicio Civil y la democracia constitucional.

Desarrollo

Entrevista académica al Experto en Diseño de Políticas Institucionales y Transición Civil, Diputado Douglas Rivero Mérida, IX Legislatura

Pregunta 1. Desde una perspectiva legislativa, ¿por qué hablar hoy de derechos exigibles para familias militares?

Douglas Rivero Mérida:

Porque el Estado guatemalteco ha confundido históricamente neutralidad civil con abandono institucional. Las familias militares han sido tratadas como sujetos pasivos de asistencia ocasional, cuando en realidad forman parte del capital social del Estado. El derecho comparado demuestra que la cohesión social se fortalece cuando el vínculo entre servicio público y protección jurídica es claro, regulado y exigible, no discrecional.

Pregunta 2. ¿Cuál es el problema ontológico de fondo que impide esta integración?

Douglas Rivero Mérida:

El problema es la ruptura entre función estatal y sujeto social. El Estado utilizó capacidades institucionales —disciplina, organización, sacrificio familiar— y luego las desarticuló sin crear una transición civil normativa. Esto genera disonancia cognitiva: se exige lealtad al Estado, pero no se garantiza reciprocidad jurídica. Esa fractura erosiona legitimidad democrática.

Pregunta 3. ¿Cómo se traduce esto en términos de política pública y legislación?

Douglas Rivero Mérida:

Se traduce en la necesidad de derechos exigibles, no programas coyunturales. Acceso a seguridad social, educación, salud, protección de datos, inclusión laboral y reconocimiento administrativo deben estar positivizados en ley, vinculados al Servicio Civil y a regímenes civiles especiales. No se trata de militarizar, sino de civilizar jurídicamente la transición.

Pregunta 4. ¿Qué evidencia respalda este enfoque?

Douglas Rivero Mérida:

La evidencia es contundente. La OCDE (2020) documenta que países que integraron familias vinculadas a servicios estatales en marcos civiles redujeron hasta en 18 % los índices de exclusión intergeneracional. En América Latina, CEPAL (2021) demuestra que la protección social basada en derechos mejora cohesión y confianza institucional. Ignorar estos datos es legislar a ciegas.

Pregunta 5. ¿Cómo se articulan los distintos actores sin generar conflicto social?

Douglas Rivero Mérida:

Mediante un modelo integral de incidencia legislativa desde sociedad civil organizada, no desde imposición estatal. ONG especializadas pueden traducir la ley al ciudadano, acompañar procesos de reinserción civil y dialogar con el Congreso. El Congreso de la República debe escuchar a todos los sectores: sociedad civil, academia, familias afectadas, instituciones técnicas y organismos internacionales.

Pregunta 6. ¿Cuál es el impacto esperado de este modelo?

Douglas Rivero Mérida:

Impacto estructural. Se fortalece la cohesión social, se reduce informalidad, se reconstruye confianza en el Estado y se reemplaza una base moral debilitada por legalidad activa. Cuando una familia sabe que el derecho es exigible, no negociable, la democracia deja de ser abstracta.

Conclusión

La inclusión social de las familias militares, entendida como derecho exigible y no como concesión, representa una estrategia legislativa de reconstrucción moral del Estado guatemalteco. El análisis ontológico demuestra que no integrar jurídicamente a quienes sostuvieron funciones estatales genera vacíos de legitimidad, mientras que la evidencia empírica confirma que la protección social basada en ley fortalece cohesión, confianza y gobernabilidad.

Desde una perspectiva institucional, este modelo no privilegia, no militariza y no polariza. Por el contrario, ordena, civiliza y democratiza. La labor legislativa, acompañada por sociedad civil organizada y expertos en transición civil, puede convertir una deuda histórica en una oportunidad estructural para el Estado de Derecho.

La cohesión social nacional no se decreta: se legisla, se garantiza y se ejerce.

Referencias

• Banco Mundial. (2022). Guatemala poverty and equity brief. Washington, DC.
• CEPAL. (2021). Protección social universal en América Latina. Santiago de Chile.
• Collier, P. (2009). Wars, guns, and votes: Democracy in dangerous places. HarperCollins.
• Instituto Nacional de Estadística. (2019). Condiciones de vida y acceso a protección social en Guatemala. Guatemala.
• OCDE. (2020). Rebuilding trust in government post-conflict. Paris.
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2023). Informe sobre desarrollo humano Guatemala. Nueva York.