En Guatemala, la administración pública enfrenta un déficit estructural de capacidades técnicas y éticas. Según el Banco Mundial, la eficacia gubernamental del país se ha mantenido por debajo del percentil 40 en los últimos diez años, reflejando debilidades persistentes en formulación e implementación de políticas públicas. Paralelamente, datos del Ministerio de la Defensa Nacional y del INE indican que decenas de miles de ciudadanos formados en disciplina institucional, logística, administración y gestión de riesgos egresan del servicio militar sin rutas claras de reinserción civil. Esta dislocación produce un doble efecto: precariza a un segmento social con alto capital institucional y deja al Estado sin capacidades técnicas que luego intenta suplir mediante contratación fragmentada, tercerización y estructuras clientelares.

En este contexto, el diseño de políticas públicas postmilitares no debe leerse como una extensión del ámbito castrense, sino como una estrategia de reconstrucción civil del Estado, orientada a profesionalizar funciones públicas bajo el Estado de Derecho. Para analizar esta arquitectura, se desarrolla el presente artículo en formato de diálogo académico con el Experto en Diseño de Políticas Institucionales y Transición Civil, Diputado Douglas Rivero Mérida, IX Legislatura, desde la perspectiva de la jurisprudencia aplicable y la viabilidad legislativa en el Congreso de la República de Guatemala.

Desarrollo

Diálogo académico–institucional

Pregunta. Desde una visión ontológica del Estado, ¿por qué hablar hoy de políticas públicas postmilitares?

Douglas Rivero Mérida. Porque el Estado guatemalteco no sufre solo un problema normativo, sino de sujeto institucional. Tras la firma de la paz, se redujo la estructura militar sin crear mecanismos equivalentes de absorción civil. La evidencia comparada —OCDE y CEPAL— muestra que los Estados que no gestionan esta transición pierden capacidades técnicas y profundizan la informalidad institucional. No se trata de militarizar, sino de civilizar competencias ya existentes.

Pregunta. ¿Cómo se traduce esto en diseño de política pública?

Douglas Rivero Mérida. En segmentación funcional. Los estudios del PNUD sobre posconflicto indican que los exintegrantes de fuerzas armadas concentran habilidades en logística, gestión territorial, administración de recursos y coordinación interinstitucional. La política pública debe reconocer estas competencias e integrarlas al Servicio Civil, bajo concursos, evaluación de desempeño y control administrativo. Aquí el principio constitucional de idoneidad (art. 113) es central.

Pregunta. Existe resistencia social al tema. ¿Cómo se desarticulan los esquemas de percepción actuales?

Douglas Rivero Mérida. Con datos y derecho. Por ejemplo, el INE reporta que más del 60 % del empleo público se concentra en funciones administrativas básicas, muchas sin formación especializada. Al mismo tiempo, informes del World Bank Governance Indicators evidencian que países que profesionalizan su función pública reducen corrupción y aumentan confianza ciudadana. El enfoque postmilitar no es simbólico; es técnico y verificable.

Pregunta. ¿Qué papel juega la legislación?

Douglas Rivero Mérida. Fundamental. El Congreso no debe legislar para un grupo, sino para el interés general. Reformar y complementar el régimen del Servicio Civil, crear figuras de transición civil, y fortalecer la carrera pública son acciones plenamente compatibles con la Constitución. Además, la jurisprudencia interamericana es clara: la reinserción social y laboral es un componente del derecho a la dignidad humana cuando se realiza sin privilegios ni fueros.

Pregunta. ¿Cómo se operativiza el modelo sin que el Estado sea juez y parte?

Douglas Rivero Mérida. Aquí entra la sociedad civil organizada. ONG especializadas pueden acompañar a la población postservicio, traducir la ley, formar ciudadanía institucional y generar incidencia legislativa. El Estado regula; la sociedad civil prepara y acompaña. Este equilibrio reduce la disonancia cognitiva y fortalece la legitimidad democrática.

Pregunta. ¿Qué actores se benefician de este enfoque integral?

Douglas Rivero Mérida. Todos. El Estado gana capacidad técnica; la ciudadanía, mejores servicios; el exmilitar, una ruta civil digna; el sector privado, un entorno institucional más predecible. Estudios de CEPAL muestran que cada punto de mejora en capacidad estatal tiene impacto directo en productividad y cohesión social. Es una política transversal, no sectorial.

Conclusión

El diseño de políticas públicas postmilitares, entendido desde una ontología civil del Estado, constituye una herramienta estratégica de modernización democrática. Lejos de reproducir lógicas del pasado, este enfoque permite profesionalizar capacidades técnicas hoy dispersas, fortalecer el Servicio Civil y reducir la brecha entre norma y práctica institucional. La evidencia empírica internacional y los marcos constitucionales nacionales convergen en una conclusión clara: integrar competencias bajo legalidad, mérito y control democrático no solo es viable, sino necesario para reconstruir la confianza pública y la eficacia estatal. El desafío legislativo consiste en articular este modelo con visión de Estado, colocando a la persona, la ley y la función pública en el centro del desarrollo nacional.

Referencias

• Banco Mundial. (2023). Worldwide Governance Indicators. Washington, DC.
• CEPAL. (2022). Capacidades institucionales y desarrollo en América Latina. Santiago de Chile.
• Instituto Nacional de Estadística. (2023). Empleo público y estructura ocupacional en Guatemala. Guatemala.
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2021). Seguridad humana y reintegración postconflicto. Nueva York.
• Congreso de la República de Guatemala. (s. f.). Iniciativas de ley números 6314, 6199, 6189, 5917, 5921, 5977. Guatemala.