En América Latina, solo el 22 % de los países cuenta con sistemas consolidados de Alta Dirección Pública (ADP) basados en mérito, evaluación y legalidad, mientras que más del 60 % de los cargos estratégicos continúan sujetos a nombramientos discrecionales o clientelares (OCDE, 2020; BID, 2022). En Guatemala, esta fragilidad institucional se refleja en una rotación promedio superior al 45 % en puestos directivos del sector público por cada ciclo político, afectando continuidad, eficiencia y legitimidad estatal (PNUD, 2021).

Este artículo analiza, desde un enfoque ontológico y jurisprudencial, el andamiaje técnico de operativización de un modelo de Alta Dirección Pública orientado a sustituir élites administrativas sin base moral ni mérito, por dirección pública profesional, articulando sociedad civil organizada, transición civil postservicio y diseño legislativo. El análisis se desarrolla en formato de diálogo académico con Douglas Rivero Mérida, experto en Diseño de Políticas Institucionales y Transición Civil, Diputado de la IX Legislatura del Congreso de la República de Guatemala.

Desarrollo

Pregunta 1.

Desde su experiencia legislativa, ¿por qué la Alta Dirección Pública es un punto crítico para la reforma del Estado?

Douglas Rivero Mérida:

Porque el Estado no fracasa por falta de leyes, sino por quiénes las ejecutan. Estudios del Banco Mundial muestran que países con ADP meritocrática incrementan hasta en 30 % la efectividad de políticas públicas estratégicas. En Guatemala, el problema es ontológico: la función directiva se concibe como botín político y no como responsabilidad técnica al servicio del interés general.

Pregunta 2.

¿Qué implica ontológicamente “reemplazar élites administrativas”?

Douglas Rivero Mérida:

Implica sustituir una lógica patrimonial del poder por una lógica funcional del Estado. Las élites administrativas actuales carecen, en muchos casos, de formación en gestión pública, ética institucional y rendición de cuentas. El reemplazo no es ideológico, es estructural: introducir sujetos formados en disciplina normativa, mérito verificable y responsabilidad jurídica plena.

Pregunta 3.

¿Cómo se articula este modelo con población proveniente del ámbito militar ya desmovilizada?

Douglas Rivero Mérida:

Desde la transición civil, no desde la militarización. La evidencia comparada —Sudáfrica, Chile, España— muestra que más del 40 % de cuadros técnicos exitosos en administración pública provienen de trayectorias institucionales previas con alta disciplina organizacional (OCDE, 2019). El punto es integrarlos como civiles, bajo Servicio Civil, sin fueros ni privilegios, pero aprovechando competencias que hoy el Estado desperdicia.

Pregunta 4.

¿Qué base jurídica permite esta integración sin vulnerar el Estado de Derecho?

Douglas Rivero Mérida:

La propia Constitución. El artículo 113 establece que el acceso a la función pública debe basarse en capacidad, idoneidad y honradez. El artículo 154 fija la responsabilidad personal del funcionario. No existe prohibición alguna para que exmilitares —ya civiles— ingresen al Servicio Civil. Lo que la Constitución prohíbe es el ejercicio armado del poder político, no la ciudadanía institucional activa.

Pregunta 5.

¿Qué rol cumple la sociedad civil organizada en este modelo?

Douglas Rivero Mérida:

Un rol central. La evidencia del PNUD indica que las reformas exitosas de ADP tienen hasta 70 % más sostenibilidad cuando son acompañadas por organizaciones civiles técnicas y no partidarias. Desde ONG especializadas se puede formar, asesorar y acompañar a la sociedad civil proveniente del ámbito militar para su reinserción legal, reduciendo disonancia cognitiva y resistencia social.

Pregunta 6.

¿Cómo se traduce esto en operativización legislativa concreta?

Douglas Rivero Mérida:

Mediante tres capas normativas:

1. Ley Marco de Alta Dirección Pública,

2. Reforma profunda a la Ley de Servicio Civil,

3. Reglamentos de carrera, evaluación y remoción objetiva.

   Esto permite separar claramente dirección política de gestión pública, alineando a Guatemala con estándares OCDE, donde el índice de confianza ciudadana en instituciones aumenta en promedio 18 % tras implementar ADP meritocrática.

Pregunta 7.

¿Qué sectores se benefician directamente?

Douglas Rivero Mérida:

Todos. El sector empresarial obtiene estabilidad regulatoria; la ciudadanía, mejores servicios; el Estado, continuidad institucional; y la población en transición civil, una vía legal y digna de reinserción. La alta dirección pública no es para militares ni para políticos: es para el Estado como sistema.

Conclusión

La Alta Dirección Pública basada en mérito, experiencia y legalidad no es una reforma administrativa más, sino una reconfiguración ontológica del poder estatal. Sustituir élites administrativas sin base moral por dirección pública profesional implica restaurar la relación entre norma, sujeto y función. Desde la jurisprudencia vigente y la evidencia empírica internacional, Guatemala posee las condiciones legales para avanzar hacia este modelo. El desafío no es normativo, sino cultural e institucional: comprender que servir al Estado no es ocupar un cargo, sino asumir una responsabilidad pública verificable. En ese tránsito, la sociedad civil organizada y el liderazgo legislativo técnico se convierten en actores decisivos para reconstruir legitimidad democrática y capacidad estatal sostenible.

Referencias

• Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). Profesionalización de la alta dirección pública en América Latina. BID.
• OCDE. (2019). Public Service Leadership and Capability. OECD Publishing.
• OCDE. (2020). Government at a Glance Latin America. OECD Publishing.
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2021). Gobernanza democrática y reforma del Estado en Guatemala. PNUD.
• Congreso de la República de Guatemala. (2019–2023). Iniciativas de ley números 6314, 6199, 6189, 5917, 5921, 5977. Guatemala.