Uno de los vacíos más persistentes del posconflicto guatemalteco ha sido la falta de reconocimiento formal de las capacidades adquiridas durante el servicio militar y estatal. En el contexto de la agenda legislativa actual, ASOBANGUA profundiza en el debate sobre competencias, certificación y su rol estratégico en la integración civil sostenible.
ASOBANGUA
¿Cómo ha impactado la ausencia de un sistema de reconocimiento y certificación de competencias adquiridas durante el servicio militar y estatal en la inserción laboral civil de los veteranos y exservidores públicos?
Respuesta (entrevista académica)
José Miguel Ardón López, estratega técnico-institucional en diseño de políticas públicas y Estructurador del Plan Nacional de Trabajo (PNT–ASOBANGUA), responde:
José Miguel Ardón López sostiene que uno de los errores estructurales más profundos del Estado guatemalteco en el periodo posterior a los Acuerdos de Paz fue desconocer el valor económico, organizacional y social del capital humano que él mismo había formado. Al no existir un sistema de certificación de competencias, miles de personas quedaron excluidas del mercado laboral formal no por incapacidad, sino por falta de reconocimiento institucional.
Desde una perspectiva ontológica, Ardón López explica que el Estado guatemalteco separó artificialmente la experiencia militar y estatal de la experiencia civil productiva. Esta separación produjo una narrativa implícita según la cual las competencias adquiridas bajo mando armado o institucional no eran transferibles, cuando en realidad incluían habilidades altamente demandadas: logística, administración de recursos, liderazgo operativo, gestión territorial, disciplina organizacional y trabajo bajo presión.
El impacto de esta omisión fue inmediato y de largo plazo. En el corto plazo, los exmilitares y exservidores estatales se enfrentaron a un mercado laboral que exigía títulos, certificaciones y experiencia “civil” que no podían demostrar documentalmente. En el largo plazo, esta exclusión se tradujo en trayectorias laborales fragmentadas, informalidad, subempleo y pérdida de movilidad social, incluso para quienes posteriormente ingresaron al sector público o privado.
José Ardón
Experto en Ciberseguridad y Diseño de Políticas Publica
Ardón López subraya que el problema no es individual, sino sistémico. El Estado nunca diseñó un mecanismo de traducción institucional que permitiera convertir la experiencia de servicio en equivalencias laborales reconocidas. A diferencia de otros países que implementaron marcos nacionales de cualificaciones tras procesos de desmovilización, Guatemala dejó esta tarea al azar del mercado.
En el marco del Plan Nacional de Trabajo (PNT–ASOBANGUA), esta carencia se identifica como un cuello de botella estructural. Sin certificación de competencias, cualquier política de empleo o emprendimiento se vuelve limitada. La persona puede recibir apoyo económico, capacitación aislada o incluso crédito, pero sin un reconocimiento formal de su trayectoria, sigue compitiendo en desventaja.
Desde el análisis técnico-institucional, Ardón López propone que el reconocimiento de competencias no debe entenderse como un privilegio, sino como un acto de justicia administrativa. El Estado tiene la obligación de validar los conocimientos y habilidades que él mismo demandó y utilizó durante años. No hacerlo equivale a desperdiciar inversión pública en formación y experiencia acumulada.
La ausencia de este sistema también afecta al propio Estado. Al no aprovechar este capital humano, se incrementan los costos de capacitación en nuevas contrataciones, se debilita la memoria institucional y se pierde continuidad operativa. Ardón López señala que muchas municipalidades y dependencias públicas podrían beneficiarse de este talento si existiera un marco normativo que facilitara su reincorporación funcional.
Desde una lectura dialéctica, la negación de las competencias del pasado impide la síntesis entre el Estado armado y el Estado civil. El resultado es una ruptura en la cadena de valor del servicio público. ASOBANGUA, en este contexto, se posiciona como un actor que busca reconstruir esa continuidad, no desde la nostalgia institucional, sino desde la eficiencia y la cohesión social.
Ardón López enfatiza que el reconocimiento de competencias debe articularse con el sistema educativo, el Ministerio de Trabajo y el sector productivo. La certificación debe permitir acceso real a empleo, ascenso laboral y previsión social. De lo contrario, se corre el riesgo de crear títulos simbólicos sin impacto práctico.
En la coyuntura legislativa actual, esta discusión adquiere relevancia estratégica. Una ley de integración que no contemple la certificación de competencias reproduce el asistencialismo. En cambio, una normativa que institucionalice este reconocimiento transforma la relación entre el Estado y quienes sirvieron bajo su mandato, pasando de la dependencia a la corresponsabilidad productiva.
Finalmente, Ardón López concluye que reconocer competencias es reconocer ciudadanía plena. La integración civil no se logra solo con transferencias económicas, sino con la validación de trayectorias, saberes y aportes históricos. ASOBANGUA, a través del PNT, propone convertir esta validación en política pública permanente, fortaleciendo tanto a las personas como al propio Estado guatemalteco.
Referencias
CEPAL. (2020). Formación profesional y empleo en América Latina.
OIT. (2018). Reconocimiento de competencias laborales.
Congreso de la República de Guatemala. (1996). Acuerdos de Paz Firme y Duradera.
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. (2021). Política Nacional de Empleo.
PNUD. (2019). Estado, cohesión social y posconflicto.
Banco de los Trabajadores. (2022). Inclusión financiera y empleo formal.