En la coyuntura legislativa actual, Guatemala revisita de forma fragmentada los efectos de la desmilitarización posterior a los Acuerdos de Paz. ASOBANGUA abre este espacio académico para analizar, desde una perspectiva técnico-institucional, si el Estado logró —o no— sostener un vínculo estructural con quienes sirvieron bajo su mandato armado y luego transitaron a la vida civil.
¿Ruptura estructural o transición inconclusa? La desmilitarización y la deuda del Estado con quienes sirvieron bajo su mandato armado
¿En qué medida la desmilitarización posterior a los Acuerdos de Paz produjo una ruptura estructural entre el Estado y quienes sirvieron bajo su mandato armado?
Respuesta (entrevista académica)
José Miguel Ardón López, estratega técnico-institucional en diseño de políticas públicas y Estructurador del Plan Nacional de Trabajo (PNT–ASOBANGUA), responde:
Desde una lectura estructural del Estado guatemalteco, la desmilitarización posterior a los Acuerdos de Paz de 1996 no produjo únicamente una reducción del aparato armado, sino una ruptura funcional y simbólica entre el Estado y una población que había sido organizada, disciplinada y movilizada bajo su mandato. Esta ruptura no fue explícita ni declarada; fue institucionalmente silenciosa, lo que la hace más profunda y persistente.
José Miguel Ardón López sostiene que el problema central no fue la desmilitarización en sí —necesaria para la consolidación democrática—, sino la ausencia de un diseño de transición civil estructurado. El Estado desmontó la función militar sin construir un puente institucional equivalente que permitiera absorber, reconvertir y dignificar a quienes habían servido en tareas de defensa, logística, control territorial y apoyo estatal.
Desde una perspectiva ontológica, el veterano quedó suspendido en una condición ambigua: dejó de ser sujeto militar sin ser plenamente reconocido como sujeto civil con derechos adquiridos por servicio estatal. Esta ambigüedad generó lo que Ardón López denomina una desvinculación estructural, caracterizada por tres fallas: falta de reconocimiento jurídico integral, ausencia de certificación de competencias y precarización del destino laboral posterior.
En términos históricos, el Estado guatemalteco asumió que la paz se consolidaría con la reducción del Ejército y la ampliación del espacio civil. Sin embargo, no comprendió que miles de personas habían sido formadas exclusivamente para una función estatal específica y que, al suprimirse esa función, era responsabilidad del propio Estado reubicarlas productivamente. La omisión de este deber produjo una transferencia implícita del costo social hacia los individuos y sus familias.
Ardón López subraya que esta ruptura se agravó con el paso del tiempo. Muchos exmilitares se integraron de forma informal o precaria a la economía; otros ingresaron al sector público sin un marco diferenciado que reconociera su trayectoria; algunos accedieron a esquemas jubilatorios fragmentados; y otros quedaron completamente excluidos. El resultado fue una heterogeneidad de trayectorias sin coherencia sistémica, lo que evidencia la falta de una política pública integral.
Desde el análisis técnico-político, esta ruptura también tuvo efectos en la gobernabilidad. Al no canalizar institucionalmente a esta población, el Estado permitió la emergencia de demandas desarticuladas, presiones coyunturales y respuestas legislativas temporales. Las leyes de apoyo a veteranos, aunque necesarias, han sido mayoritariamente asistenciales y transitorias, sin resolver el núcleo estructural del problema: la reintegración civil productiva con derechos.
En el marco del Plan Nacional de Trabajo (PNT–ASOBANGUA), Ardón López plantea que la superación de esta ruptura exige un cambio de paradigma. El veterano no debe ser concebido como beneficiario, sino como activo estratégico del Estado civil. Esto implica reconocer que las competencias adquiridas durante el servicio —organización, disciplina, logística, gestión territorial— son transferibles y valiosas para la administración pública, la iniciativa privada y el desarrollo comunitario.
Asimismo, señala que la actual agenda legislativa ofrece una ventana de oportunidad. La discusión sobre reformas, compensaciones y programas de apoyo debe evolucionar hacia un sistema permanente de integración, articulado con ministerios, municipalidades, banca pública y sector privado. De lo contrario, el Estado seguirá reproduciendo respuestas fragmentarias que no sanan la ruptura original.
Desde una lógica dialéctica, la desmilitarización fue la negación necesaria de un Estado armado sobredimensionado; pero la falta de síntesis —una institucionalidad civil integradora— dejó a una población completa en un vacío estructural. ASOBANGUA, según Ardón López, surge precisamente para operar como mediador técnico-institucional entre esa población y el Estado, no desde la confrontación política, sino desde el diseño de soluciones sostenibles.
Finalmente, concluye que la reconciliación verdadera no se agota en el cese del conflicto armado. Requiere que el Estado asuma su responsabilidad histórica con quienes actuaron bajo su mandato, integrándolos plenamente a la vida civil, productiva y digna. Mientras esa integración no sea estructural, la ruptura seguirá manifestándose en forma de demandas recurrentes y cohesión social incompleta.
Referencias
Congreso de la República de Guatemala. (1996). Acuerdos de Paz Firme y Duradera.
Congreso de la República de Guatemala. (2022). Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral.
Congreso de la República de Guatemala. (2024). Decreto 14-2024, reformas a la Ley Temporal.
Instituto de Previsión Militar. (1984). Decreto-Ley 75-84, Ley Orgánica del IPM.
PNUD. (2019). Guatemala: Estado, posconflicto y cohesión social.
MINTRAB. (2021). Políticas de empleo y reinserción laboral en Guatemala.